ORIGEN, EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DOMINICANO DESDE 1844 HASTA LA ACTUALIDAD.
ROGELIO ERNESTO DE LA CRUZ RODRIGUEZ
Introducción.
Tema 1: Origen del Estado Dominicano.
1.2: Privado y público: una pobre distinción.
1.3: Una forma premoderna.
Tema 2: Origen del Estado Dominicano moderno.
Tema 3: Antes y después de la “Revolución Inconclusa de 1965”.
Tema 4: La transición a la democracia: segunda administración del PRD.
4.1 Partidos políticos, caudillismo y cultura política.
4.2 La Iglesia Católica y la cultura política.
Tema 5: Consolidación democrática en República Dominicana.
Conclusiones.
Comentario.
Bibliografía.
INTRODUCCIÓN.
El Estado Dominicano ha sufrido una serie de transformaciones desde sus primeras manifestaciones en la gesta independentista de 1844, encabezada por Duarte, Sánchez, Mella y los Trinitarios hasta nuestros días.
En este trabajo estaremos realizando un recorrido por su origen, evolución y desarrollo y las características de cada periodo histórico.
El mismo nos servirá para analizar el nivel de democratización del Estado y si los ideales de nuestros libertadores se han cumplido o no.
No se trata de hacer un análisis de valor de lo sucedido, sino de entender las razones que motivaron a los actores sociales involucrados y comprender las consecuencias reflejadas en nuestro sistema democrático actual.
Rogelio Ernesto De la Cruz Rodriguez.
Origen, evolución y desarrollo del Estado Dominicano desde 1844 hasta nuestros días.
Origen del Estado Dominicano.
falta, pues, unidad, homogeneidad en el impulso social y, por tanto, resultados provechosos” (Bonó, 1980: 228; 1881).
Esta contundente declaración de Bonó en su ensayo Apuntes sobre las clases trabajadoras dominicanas, publicado por primera vez en 1881, nos ilumina tanto como nos intriga, al reflexionar sobre la estructura del estado dominicano en su momento de arranque, la segunda mitad del siglo XIX. En primer lugar, afirmar que la sociedad dominicana fue organizada para el despotismo, en este contexto, implica reconocer la inexistencia de una sociedad civil suficientemente organizada, fácil presa de guerras civiles y caudillos, y la fragilidad de la forma estatal, lo que trae como consecuencia la inviabilidad de la democracia tal y como se proyectaba en algunas de las constituciones liberales durante este período. Desde entonces, emergería un problema que continúa hasta hoy: la dificultad de estructurar un Estado de Derecho con contenido constitucional, marcada por la existencia de constituciones de texto liberal democrático que se encuentran muy alejadas de las prácticas de los sujetos civiles y estatales.
Con respecto a esta fuerte no-correspondencia entre texto constitucional y realidad social, cabe destacar que no sólo el borrador de texto constitucional escrito por Duarte contuvo principios netamente liberales y democráticos, como fueron: 1) la ley como fundamento de la autoridad; 2) la seguridad jurídica contra la arbitrariedad en el uso del poder de Estado; 3) la concepción antioligárquica del poder; y 4) un gobierno electo, popular, limitado y con poderes separados, con sus respectivas ramas ejecutiva, judicial, legislativa y municipal (Espinal, 2001:61-62), sino que incluso constituciones como la de San Cristóbal que al final se impusieron, marginando a Duarte y a sus correligionarios de su proceso de escritura, ostentaban “...los principios y valores del constitucionalismo liberal-democrático en línea con el pensamiento de Duarte”.
1.2 Privado y público: una pobre distinción.
El caso es que en la República Dominicana, desde la independencia de 1844, principios como el de la separación de poderes, la garantía de los derechos individuales y aún la más elemental distinción entre lo público y lo privado, que fundaría la separación, relación y distinción entre Estado y sociedad en las naciones que lograron plasmar el Estado moderno, así como la normalización de las relaciones de representación política, no lograron un grado significativo de concreción en la sociedad dominicana. El dato de la pobre distinción entre lo privado y lo público se destaca en el comportamiento observado por los gobernantes dominicanos a la hora de tomar decisiones de interés privado cargándolas al Estado y viceversa.
Esta característica del dictador la encontramos no sólo en los gobernantes dominicanos del siglo XIX, la encontraremos sobredimensionada en el caso del dictador Rafael Molina Trujillo, en el siglo XX, si bien cabe la observación de que el régimen dictatorial de éste dista mucho en términos de su organización formal (muy precaria en los casos de las dictaduras de Heureaux, Báez y Santana), complejidad
y control del Estado (encarnado en él) sobre la sociedad y la economía dominicanas.
El Estado devino fundamentalmente en una estructura de coerción que, sin embargo, encontró serios límites para ejercer el monopolio legítimo de la violencia,
desplegando unas estructuras administrativas débiles, reducidas a un precario aparato militar y fiscal.
1.3 Una forma premoderna.
En este punto, una evaluación del Estado dominicano en sus principios desde la segunda mitad del siglo XIX, nos lleva a concluir que se corresponde con una forma “premoderna” de organización estatal, sin burocracia organizada, con fuerzas armadas irregulares y sujetas a una particular lógica de mercado de prebendas, a pesar de los intentos hechos para profesionalizarlas, con pobre balance entre los poderes nominalmente independientes que lo conforman, y con un poder ejecutivo dominante sobre el resto de los poderes. A su vez, se manifestó como un estado incapaz de nacionalizar y ordenar jurídicamente el país de manera significativa, mostrándose como una estructura patrimonialista de autoridad. Esto no significa, sin embargo, que no se hayan registrado esfuerzos, tendencias y fenómenos que generaron cambios en la forma estatal del siglo XIX, que quedarían como una base de la construcción posterior de lo que llamaremos el “estado moderno” dominicano. La misma existencia de proyectos constitucionales orientados al establecimiento de un estado liberal, aunque sin mucho éxito en términos de realización, por lo menos constituyó un punto de referencia para el futuro. La estructura administrativa, aunque frágil, que se constituyó en tiempos de Lilís Heureaux, por lo menos inició en la sociedad dominicana un tipo de aprendizaje en el terreno de la función de gobernar. Y como señalamos anteriormente, aunque el ejército y los demás cuerpos armados no pudieron ser establecidos en forma profesional, hubo esfuerzos significativos orientados hacia ese propósito que, por lo menos, indicaban la conciencia de instaurar un cuerpo militar a tono con la construcción de un estado. Ciertamente, el siglo XIX estuvo marcado por el caudillismo y el clientelismo, pero inclusive esos aspectos cambiaron en el período de la dictadura de Lilís, pues “...se logró la integración de caudillos regionales a través de su cooptación a cambio de beneficios, o de su exclusión. A través de la represión y la cooptación, la Dictadura de Lilís impulsó la centralización del poder político, vertebrando la ‘formación de una coalición de líderes regionales para llegar al poder y sentar las bases para la integración nacional’ y transformando el clientelismo de conglomerado (de base regional) en el de tipo piramidal (patrimonialismo)” (Oviedo, 1986:70, cit. de Cross Beras, 1984).
Este examen del Estado dominicano a partir de la independencia del 1844, nos lleva a observar que principios elementales del Estado moderno que ya se estaban estableciendo en otras naciones, como la separación de poderes, la garantía de los derechos individuales y la distinción entre lo público y lo privado, no lograron en ningún momento concretarse en la sociedad dominicana. Es decir, la forma de
Estado era “premoderna”, con una estructura patrimonialista de autoridad, incapaz de nacionalizar y ordenar jurídicamente el país. Sin embargo, se perciben esfuerzos
y tendencias que llegaron a provocar cambios importantes en la forma estatal y que sirvieron como asiento para la posterior edificación del “estado moderno” dominicano.
2. Origen del Estado dominicano moderno.
El Estado dominicano en su forma “moderna” emerge momentos después de la primera ocupación militar norteamericana (1916-1924) de la República Dominicana. El general Trujillo asume el poder en 1930 tras liderar un golpe de Estado contra el presidente Horacio Vásquez, el primer hombre que fue elegido después de la ocupación estadounidense en 1924. Vásquez había sido un importante “caudillo” antes de la ocupación. Su nueva administración destacó por su buen historial de respeto de las libertades civiles y obras públicas, a pesar de las limitaciones impuestas por la deuda nacional y el control ejercido por el gobierno estadounidense en los ingresos aduaneros. Sin embargo, alrededor de 1927 comenzó a perder legitimidad por el intento de perpetuarse en el poder y por acusaciones de corrupción. Esto unificó a la oposición y le dio una oportunidad al jefe del Ejército Nacional, general Rafael Trujillo, un hombre ambicioso que ya había comenzado a enriquecerse con medios cuestionables, y que se unió a los enemigos de Vásquez para derrocarlo. El general Trujillo envió a Vásquez al exilio y eliminó a sus seguidores y usó su poder militar para aterrorizar a la población, asumiendo más tarde la presidencia con una elección arreglada.
El 16 de agosto de 1930, el general Rafael Leonidas Trujillo inició una dictadura que duraría treinta años. Durante este período, él y sus socios se enriquecieron usando el poder político como un medio de acumulación de riqueza. Trujillo se convirtió en el dueño de doce de las dieciséis fábricas de azúcar existentes (ingenios), la mayoría de los cuales compró a los propietarios estadounidenses y que representaba el 70% de la actividad de producción de azúcar. Por otra parte, también llegó a poseer empresas manufactureras que, en el momento de su muerte, producían el 30% de la producción industrial nacional, y también era dueño de una gran cantidad de tierra.
Vale la pena señalar que la industrialización por sustitución de importaciones en la
República Dominicana se inició con Trujillo. Sus métodos de enriquecerse a sí mismo y a su familia y asociados lo convirtió en el capitalista más poderoso del país, y en ese momento uno de los hombres más ricos del mundo. Durante este período
de treinta años de Trujillo desarrolló gran parte de lo que es todavía hoy la estructura institucional del Estado dominicano.
En el momento de la ocupación norteamericana, el Estado no tenía una serie de ministerios que le permitiera llevar a cabo políticas de estado. Durante el régimen de
Trujillo, fueron creados no menos de 22 ministerios, entre ellos los de salud, educación, trabajo, obras públicas, de industria y comercio. Estos hechos nos llevan a la conclusión de que “... el proceso de la construcción del Estado nacional moderno, e incluso la construcción de la identidad nacional no se puede entender si el papel desempeñado por el régimen dictatorial de Trujillo desde 1930 hasta 1961 no se toma en cuenta. De hecho, él constituye el paradigma de dictador desarrollista y modernizante”. Siendo el propio Trujillo, un soldado entrenado por la marina de EE.UU. durante la ocupación, y por supuesto el fundador de las tres ramas de las fuerzas armadas dominicanas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), la estructura institucional del Estado dominicano fue impregnado por un modelo militar-autoritario de gobernar. De hecho, el régimen de Trujillo, organizó la sociedad desde arriba a través de una noción de ciudadanía más centrada en los deberes que en los derechos, por lo tanto los valores de obediencia y lealtad al régimen fueron constantemente invocados, antes que los valores de autonomía y libertad ciudadana.
Los partidos de oposición tanto de ideología democrática como comunista estaban,
si bien no formalmente, excluidos; y los derechos fundamentales de expresión y la libre asociación no existían en la práctica. En ese sentido, el régimen de Trujillo fue, como dice Jiménez Polanco, un régimen anti partidista.
“…Trujillo basó su proyecto de dominio en un sistema anti partidista, en el cual el Partido Dominicano y sus organizaciones paralelas (Partido Trujillista, Partido Laborista Nacional y Partido Nacional Democrático) fueron creadas por el dictador para dar apariencia de legalidad a un régimen de hegemonía cerrada, cuya legitimación externa se sustentaba en la celebración de elecciones rituales que negaban a la mayoría de la población el derecho a la participación y la oposición.” (Jiménez Polanco, op. Cit., p.75).
La prensa, la radio y la televisión estaban estrechamente controlados y servían básicamente como un medio de difusión de la ideología del régimen. Tanto las escuelas públicas como las privadas fueron instituciones orientadas a la reproducción ideológica del régimen, ensalzando las virtudes del “Jefe” como fue llamado Trujillo, y la presentación de éste no sólo como el Benefactor y Padre de la “Patria Nueva”, sino como el Padre de todos los niños dominicanos. El culto a la
personalidad durante la dictadura de Trujillo fue intensamente cultivado a través de la representación de su rostro y cuerpo en innumerables retratos, estatuas y bustos. A la vez, recibió el apoyo del gobierno estadounidense a cambio de su papel como un gobernante anti-comunista.
A la hora de caracterizar este régimen con el propósito de encontrar una explicación de su funcionamiento dinámico y así explicarnos por qué fue tan negativo para la sociedad civil en su conjunto, destaca la hipótesis de que el régimen trujillista es una variedad de régimen neopatrimonialista, el cual, según el politólogo norteamericano Jonathan Hartlyn se caracteriza por “...la centralización del poder en manos del gobernante, quien busca reducir la autonomía de sus seguidores generando lazos de lealtad y dependencia, regularmente a través de complejos vínculos de patrón-cliente, y al mismo tiempo confundiendo los intereses públicos y privados en la administración.
En su momento de mayor fortaleza, el régimen trujillista parecía ser una dictadura cerrada e imbatible, sin embargo, comenzó a resentirse en los últimos años de la década del 50, debido a una recesión económica combinada con la resistencia política de los exiliados dominicanos con el apoyo de los gobiernos democráticos de Costa Rica y Venezuela, y el gobierno de Cuba. Es necesario mencionar la expedición armada realizada por los miembros del Movimiento de Liberación Dominicana, una agrupación de exiliados dominicanos que llegan el 14 de Junio de 1959 al país, internándose en Constanza, Maimón y Estero Hondo, con la intención de derrocar el trujillato. Contaron con el apoyo de Fidel Castro. Este movimiento de guerras de guerrillas fue derrotado militarmente por la dictadura, pero sin duda su mensaje sobrevivió a la derrota, pues inspiraron un movimiento que logró extenderse por todo el país que incluso tomó como nombre la fecha del desembarco de la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo.
El intento de Trujillo de asesinar a Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela y su enemigo político de la época, fue condenado por los miembros de la Organización de Estados Americanos-OEA, que era en ese entonces la organización regional más importante del hemisferio occidental. La presión externa y la crisis económica y política interna provocaron una secuencia de eventos que culminó con el asesinato de Trujillo por un grupo de ex colaboradores.
Es así cómo justo después de la muerte de Trujillo se produce una ebullición a nivel social y político: emerge el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, el movimiento cívico, sindicatos y asociaciones profesionales. Los exiliados y los partidos fundados por éstos ingresan al país, como es el caso del propio Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Socialista Popular, y otros. Como se sabe, la actividad de estos movimientos, como las manifestaciones y las concentraciones de masas fueron un factor decisivo en la remoción de la “institucionalidad” trujillista, hasta el punto de forzar la salida de la familia Trujillo, y luego del propio Joaquín Balaguer, quien en esos momentos fungió como el último presidente nombrado por Trujillo.
3. Antes y después de la “Revolución Inconclusa de 1965”
Lo que muchos llaman “Guerra Civil de 1965” es, en el horizonte de la memoria histórica de la nación dominicana, una Revolución Inconclusa, a cuyos postulados la
sociedad civil dominicana, o partes importantes de la misma, tratan de alguna forma
de volver.
Desafortunadamente, y tomando en consideración la forma en que se desenvolvieron los hechos, podemos decir que la República Dominicana ha sido, en la práctica, sólo nominalmente una democracia desde 1966, lo cual, a pesar de todo, no deja de tener importancia si esto al menos cumple el rol de ser un punto de partida y no de definitiva llegada.
Una elección muy controvertida tuvo lugar ese año, bajo la ocupación militar estadounidense que comenzó en los últimos días de abril de 1965, justo cuando las fuerzas rebeldes, compuestas por civiles y militares descontentos con un gobierno que consideraban ilegítimo, habían asegurado la victoria en contra del sector militar leal al gobierno. Las fuerzas rebeldes se hacían llamar “constitucionalistas”, debido a su objetivo de traer de vuelta al poder a Juan Bosch, quien había sido derrocado por un golpe militar apoyado por la comunidad empresarial dominicana, la embajada norteamericana y la Iglesia Católica en septiembre de 1963.
El golpe se produjo nueve meses después de la elección que llevó a Bosch y su partido, el Partido Revolucionario Dominicano-PRD al poder, convirtiéndose así en el primer ciudadano civil elegido democráticamente en la República Dominicana después de treinta años de la dictadura de Rafael Trujillo. La acusación principal contra Bosch, por los sectores participantes en el golpe de Estado era que había infiltración comunista en su gobierno. Ciertamente, la Constitución de 1963, que era una nueva constitución liberal-democrática, toleraba todas las corrientes políticas e ideológicas, incluido el comunismo, pero había otros factores que los enemigos de Bosch temían tanto como el comunismo. Por ejemplo, la Constitución no reconocía el catolicismo como religión del Estado, como solía ser en el régimen de Trujillo. Este hecho convirtió a la Iglesia católica en un enemigo de la Constitución de 1963 y la administración de Bosch. La Constitución de 1963 también tenía un vocabulario diferente de los derechos si se la compara con la Constitución de 1962.
El sociólogo José Moreno dice al respecto lo siguiente:
“Durante treinta años, Trujillo había puesto en práctica un elaborado sistema de paternalismo político y económico. Era dueño de las tierras, las industrias y el comercio, los servicios y medios de comunicación. Los dominicanos no tenían otros
derechos ni oportunidades, salvo los que Trujillo les otorgó. Después de la muerte de Trujillo, el Consejo de Estado tuvo éxito en mantener unido su imperio político y económico bajo apariencia de orden institucional. La Constitución de 1962, por la que el Consejo de Estado habría de gobernar el país hasta que una Asamblea Constituyente pudiera ser elegida, reflejaba el mismo paternalismo que Trujillo había ejercido. La Constitución de 1963, por otra parte, hizo hincapié en el derecho del individuo al trabajo, a la educación, y para algún tipo de seguridad social, al tiempo que destacaba la obligación del Estado de garantizar condiciones para el ejercicio de estos derechos. La gramática de la revolución estaba henchida de términos como “derechos de la persona”, “igualdad ante la ley”, “oportunidades para todos.” La gramática de los leales fue construida con conceptos tales como la “libre empresa, la propiedad ‘,’ el derecho a la propiedad”, “educación gratuita”, “la libertad de expresión y de asociación.
La Constitución contenía también artículos que prohibían las explotaciones grandes de la tierra (llamada “latifundios”), que reconocían los sindicatos y el derecho de huelga, y daba sólo a los dominicanos la posibilidad de ser propietarios de tierras en el país. Pero otro de los elementos importantes que atizó la oposición contra la Constitución de 1963 y la administración de Bosch por parte de los sectores oligárquicos contra este último, fue la creencia de que la Constitución daba demasiado poder al Estado en la cuestión de la expropiación de los bienes de la familia Trujillo.
Los conservadores creían que los tribunales eran los lugares donde la expropiación debería legalizarse, mientras que los nuevos sectores democráticos consideraban que la Asamblea Nacional era la institución legítima para hacer cumplir la ley.
El conflicto ha sido denominado de dos maneras: Guerra Civil de 1965” y también la “Revolución del 65”. La primera expresión es usual como denominación entre las personas que, independientemente de su visión política o su punto de vista teórico, no se identificaron con el movimiento constitucionalista, ni creen que el evento tuvo un carácter revolucionario. La segunda expresión es frecuente entre los que han apreciado los ideales del movimiento constitucionalista y entre los que han pensado que el movimiento tenía un potencial real para la modernización y democratización de la sociedad. En este último caso la “Revolución de 1965” se presentaría como una revolución inconclusa. Este es claramente el caso de dos investigadores estadounidenses que apenas se sospecha de las inclinaciones de izquierda:
“La revolución de la República Dominicana fue una revolución inconclusa. La intervención de EE.UU. no resolvió ninguno de los problemas subyacentes –la pobreza, la desigualdad, y similares-que causaron la revolución, sino que simplemente se pospuso el ajuste de cuentas. El caldero hirviendo a fuego lento que es la República Dominicana es casi seguro que hervirá de nuevo. / La revolución y
la intervención no sólo tuvieron un efecto profundo en todos los dominicanos, sino que también, estamos convencidos, tuvo un efecto profundo en los Estados Unidos. Los Estados Unidos están atrapados en una red de mentiras, su política de América Latina fue totalmente desacreditada, y la credibilidad del gobierno y el presidente Johnson fue socavado.”
En el carácter inconcluso de la Revolución de 1965 se sientan las bases de un marco narrativo que le daría sentido a la política de izquierda (incluimos en la izquierda al PRD como representante de la centro-izquierda, y como organizaciones de la izquierd radical al Partido Comunista y el Movimiento Popular Dominicano), después de 1966. La política de izquierda sería impulsada por el deseo de terminar o completar la revolución; de construir el final de una narración que se interrumpió justo en medio de la intervención norteamericana. En este relato la izquierda era el sujeto responsable de la producción de este resultado, en contra de los esfuerzos de sus enemigos, el régimen de Balaguer y sus aliados, que eran la oligarquía y el gobierno norteamericano.
El Partido Reformista ganó las elecciones de 1966 y Joaquín Balaguer, que se reeligió a sí mismo dos veces, gobernó el país durante doce años y tres períodos de cuatro años (1966-1970, 1970-1974, 1974-1978) - recurriendo a la represión selectiva destinada a destruir o marginar a los principales partidos de la izquierda: el Partido Comunista Dominicano, PCD, de orientación pro-soviética; Movimiento Popular Dominicano-MPD y el Partido Comunista de la República Dominicana-PACOREDO, ambos de orientación maoísta. Aparato militar y paramilitar del gobierno persiguieron, asesinaron y encarcelaron muchos de los líderes de izquierda que habían participado en la guerra civil de 1965 y cuyos partidos habían sido prohibidos por el gobierno de Balaguer con las leyes anti-comunistas. Muchos de estos dirigentes y miembros de “comandos” de la revolución comenzaron a ser perseguidos y muertos desde el mismo momento en que entregaron sus armas en cumplimiento de la “Ley de reconciliación” que marcó el final del conflicto el 31 de agosto de 1965 y el reconocimiento de un gobierno de transición que organizaría las elecciones de 1966.
La derrota electoral del partido que representaba el proyecto constitucionalista, además de la ola de represión que siguió contribuiría a dar a la Revolución de 1965, un sentido traumático que se refleja incluso en algunas de las obras literarias más importantes producidas durante la segunda mitad de los años sesenta. Por lo tanto, el recuerdo traumático de este evento constituiría el horizonte de sentido sobre el que no sólo muchas de las futuras manifestaciones de protesta en los años sesenta y setenta se basarían, sino incluso la literatura producida en este período por autores como René del Risco Bermúdez, Aída Cartagena Portalatín y Marcio Veloz Maggiolo. El título de la colección de René del Risco Bermúdez de poemas, El
Viento Frío, publicado en 1967, se convirtió en la metáfora de la derrota sufrida por las fuerzas democráticas en la Guerra Civil de 1965.
Las próximas elecciones de 1970, y 1974 fueron fuertemente controladas a fin de desalentar aún a los partidos de la oposición no-comunista, como el PRD, la participación electoral, cuando no fueron socavados con el fraude.
El gobierno regularmente no permitía las manifestaciones públicas, que debían ser
aprobadas mediante un procedimiento burocrático deliberadamente largo y engorroso, lo que tendría graves consecuencias en el plano de las opciones que la gente tenía para protestar en formas no violentas.
El régimen de Balaguer fue especialmente duro con los sindicatos. Los sindicatos de clase obrera fueron objeto de una política muy represiva por parte del Estado y la
clase empresarial durante los doce años de Balaguer de tres administraciones (desde 1966 a 1978). El gobierno y la clase empresarial se unieron en un esfuerzo común para evitar la organización sindical en las empresas privadas. Se podría afirmar que, en el mundo laboral de las empresas privadas, los sindicatos existían sobre el papel, pues cuando hubo alguna forma auténtica de organización sindical independiente y beligerante, éstos generalmente fueron reprimidos y desmembrados hasta tomar la forma de sindicatos cooptados. Esta situación obligó a los tres principales sindicatos en la República Dominicana a operar principalmente en el entorno político en lugar del entorno laboral. Estos sindicatos fueron la Central General de Trabajadores-CGT (Central General de Trabajadores), de tendencia izquierdista; la Confederación Autónoma de Sindicatos Clasistas-CASC (Confederación Autónoma de Sindicatos de Clase), de tendencia demócrata-cristiana, y la Unión General de Trabajadores - UGTD, vinculada con el PRD. Además, existían sindicatos que pertenecían a áreas específicas del sector público, como la Unión de Obreros Portuarios en los puertos marítimos), Sindicato de Trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad-SITRACODE, y Unión Nacional de Choferes sindicalizados-UNACHOSIN.
Este último no era propiamente un sindicato del sector público, pero dado el carácter público del servicio que sus miembros ofrecían, tenía un poder de movilización importante que se demostró en las huelgas organizadas contra el gobierno.
Es pertinente decir que el empresariado es uno de los grupos de la sociedad civil que, en efecto, logran un grado de maduración crítico durante el balaguerato. El empresariado, sobre todo el industrial, creció significativamente en virtud de la profundización del proceso sustitutivo de importaciones, en conjunto con el empresariado comercial y financiero y, según algunos autores, como es el caso de Wilfredo Lozano, subordinado a éstos.
Tras el reformismo, desde el Estado se estimuló un proceso de relativa modernización de la burguesía tradicional dominicana, que determinó un cambio en sus patrones de comportamiento político y económico. Al estimular la industrialización sobre las premisas referidas, el Estado facilitaba la estructuración
de un sector industrial relativamente importante, aunque éste mantuviera su dependencia del capital comercial y del gran capital internacional.
Si bien se puede aducir que este desarrollo fue de alguna manera dependiente del
Estado, que no sólo contribuyó con el marco legal que le dio viabilidad, sino que también aportó las divisas necesarias por vía del control de casi un 70% de la producción y exportación de azúcar, convirtiéndolo en cliente de muchas de las actividades y ramas desarrolladas por el empresariado, lo cierto es que esta situación está muy lejos del control monopólico sobre la economía ejercido por el trujillato, el cual, así como desarrolló la riqueza nacional para el provecho de Trujillo, su familia y sus pocos asociados, también castró el desarrollo de un empresariado nacional relativamente independiente.
4. La transición a la democracia: segunda administración del PRD.
En mayo de 1978 el desgaste del balaguerato dio paso, no sin fricciones dolorosas, a la segunda administración del Partido Revolucionario Dominicano-PRD, con un liderato diferente al que lo llevó al poder en 1963, pero con muy legítimos temores de repetir la experiencia de 1963, que, como se sabe, dio al traste con el primer ensayo de gobierno democrático después de la caída de la dictadura. Ya Juan Bosch no formaba parte de la dirigencia del partido, y de hecho había competido en las elecciones como candidato presidencial de su nueva organización, el Partido de la Liberación Dominicana. El PRD llevó a la presidencia al hacendado Antonio Guzmán, un empresario con ascendiente social entre la élite económica, ex ministro de agricultura en el gobierno de Bosch de 1963, pero con evidentes debilidades en el manejo de la comunicación pública, los protocolos y retórica política. A pesar de ello, Guzmán logró proyectar una imagen de honradez, caballerosidad y autenticidad en la esfera político-pública. Su elección como candidato a la presidencia pudo haber sido producto, además de su ascendiente político dentro del partido, de la oportunidad que su prestigio entre las élites de poder representaba para el PRD de superar la desconfianza que le inspiraba a las clases económicas dominantes, que veían todavía al PRD como un partido proclive al comunismo.
“De acuerdo con su propósito de ‘participación y de construcción de una democracia política y económica’, la política económica aplicada por el gobierno de Antonio Guzmán (1978-1982) tuvo por objeto el aumento del número de empleados públicos para reducir el índice de desempleo y para ampliar el consumo de las masas. Entre 1978 y 1982 el aparato del Estado creó 72,141 empleos públicos y aumentó los salarios de manera controlada.
La administración de Guzmán, entre otras medidas, también aumentó el salario mínimo en 1979, pero esto, sumado a las políticas de expansión del gasto
(“demanda inducida”) elevó la inflación, atizada aún más por los aumentos de los precios internacionales de petróleo, que produjeron alzas en los combustibles y en los artículos básicos de consumo. Finalmente, el gobierno tuvo que tomar medidas de reducción del gasto en 1981. De pronto la administración fue retada en varios frentes. Por una parte el frente popular, que específicamente fue activado por la huelga de choferes del transporte urbano de 1979, destacando el sindicato Unión Nacional de Choferes Sindicalizados (Unachosin), que solía ser considerado como de tendencia perredeísta, y, por otra parte, el frente empresarial, que ya en 1980 manifestaba, en la voz del presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresas (CNHE, antecesor del Consejo Nacional de la Empresa Privada-CONEP), Dr. Luis Augusto Ginebra Hernández, una seria oposición a las políticas económicas del gobierno con un lenguaje extremadamente conservador.
Al final, la administración de Guzmán quedó deslucida por la imagen que proyectó
de tener escasa habilidad administrativa para enfrentar la crisis, y por el incumplimiento de las promesas hechas por el PRD a sus masas de que por fin sus expectativas de mejoría de vida serían satisfechas. Por un lado la administración pretendió acomodar los intereses de la clase empresarial, pero por otro trató de responder a las demandas largamente pospuestas de los sectores populares y trabajadores, pero no dio con el tipo de política que pudiera cumplir con este doble objetivo, si es que existe dicha política.
El PRD tendría una segunda oportunidad con la administración de Jorge Blanco, que como veremos, terminaría hundido por el manejo de la crisis del ajuste estructural y por la percepción negativa de que era un gobierno corrupto.
Es pertinente pues traer a cuento la administración del Dr. Salvador Jorge Blanco, la cual comenzó el 16 de mayo de 1982, después de una campaña electoral en la que su candidatura se basaba en un programa de gobierno que incluía a la mayoría de los sectores organizados de la población, es decir, la sociedad civil de entonces. De ahí el nombre dado a su administración: “Gobierno de Concentración Nacional”. El programa fue diseñado, de acuerdo con uno de los participantes más destacados
en el proceso, el Dr. Milton Messina, por más de doscientos técnicos y especialistas.
Todas las ramas y sectores de las políticas gubernamentales fueron tocados, y el resultado fue un programa que prometió, más allá de las dificultades que se habían
previsto, la aplicación de una “democracia económica”, entendiendo por ésta la participación de las mayorías pobres de la población en un esfuerzo de desarrollo que abordase sus necesidades básicas.
No obstante la crisis no permitiría el cumplimiento de la promesa de crecimiento descrito como una democracia económica; por el contrario, la crisis condujo a un período de restricciones económicas.
Entre los nuevos impuestos que se propuso para los sectores acomodados de la población había uno sobre bienes inmuebles urbanos, el impuesto sobre los intereses y las ganancias financieras, la reforma del impuesto sobre la renta, y un aumento del 10% de impuestos a las importaciones.
Según otro testigo importante y funcionario clave del gobierno, el economista Bernardo Vega, que era entonces gobernador del Banco Central, estos impuestos que pretendían canalizar una parte importante de las ganancias que los grupos de altos ingresos habrían de obtener con el ajuste, nunca fueron aprobados por el Congreso,que irónicamente estaba controlado en ese momento por el partido de gobierno. 7 Esto evidentemente significó cargar en las capas medias y populares el peso de la crisis, esto llevó que en 1984 aparecieran lo que se vino a denominar “pobladas”, -que en los enfoques de acción colectiva y movimientos sociales se denomina “motín de hambre” (“food riot”, en inglés)-, y a los trágicos resultados de aquellos días de rabia colectiva.
Desde 1978, la nación ha pasado por un proceso ambiguo de democratización donde los denominados líderes democráticos (Jacobo Majluta, Salvador Jorge Blanco, José Francisco Peña Gómez y Juan Bosch) participaron junto al Balaguer autoritario, para imponer regímenes que debilitaban aún más las instituciones de la democracia liberal.
4.1 Partidos políticos, caudillismo y cultura política.
Los partidos políticos han hecho un aporte importante al desarrollo de la cultura política autoritaria dominicana. Los partidos modernos son un fenómeno político reciente en el país. Los partidos conservadores (Rojos) y liberales (Azules) del siglo XIX era organizaciones que se forjaron básicamente en torno a caudillos y no se desarrollaron como partidos políticos modernos. Este modelo continuó en vigencia en el país hasta el fin de la dictadura de Trujillo, quien organizó el Partido Dominicano, pero dicho partido no era más que una agencia del Gobierno que promovía programas sociales y que organizaba espectáculos electorales. El Partido Revolucionario Dominicano fue fundado por Juan Bosch en 1939. Balaguer funda, en 1964, el Partido Reformista con lo que quedaba del Partido Dominicano y, posteriormente, en 1985, este partido se convirtió en el actual Partido Reformista Social Cristiano. Bosch, quien salió del Partido Revolucionario Dominicano en 1973, funda ese mismo año el Partido de la Liberación Dominicana. En la actualidad, casi todos los partidos de izquierda han desaparecido del ámbito político nacional, pero debemos anotar que en su tiempo jugaron un papel importante en la democratización de la sociedad dominicana. Entre los más importantes se encuentran el Movimiento 14 de Junio, el Movimiento Popular Dominicano, el Partido Comunista y otras organizaciones más pequeñas.
En agosto de 1994, se firmó el Pacto por la Democracia para resolver un punto político muerto que se había creado debido a unas elecciones fraudulentas. Mediante este Pacto, a Balaguer se le declaró ganador de las elecciones, pero su periodo presidencial fue recortado de 4 a 2 años y se prohibía la reelección. Así, Balaguer no podía postularse para las elecciones de 1996. El entonces vicepresidente, Jacinto Peynado, ganó las elecciones internas del PRSC, a pesar de la oposición de Balaguer, quien en lugar de apoyar al candidato de su propio partido, dio un apoyo tácito al candidato del PLD, Leonel Fernández Reyna. En la segunda vuelta de las citadas elecciones de 1996, Balaguer se alió abiertamente con el denominado Frente Nacional Patriótico que apoyaba a Leonel Fernández Reyna.
Como señalamos anteriormente, el PLD ganó las elecciones de 1996 gracias a la formación del Frente Nacional Patriótico con Balaguer, pero durante su primera gestión (1996-2000) gobernó como partido minoritario. En su primer mandato, el PLD formó un Gobierno que, si bien es cierto tuvo logros en materia de política exterior y judicial, su política económica no pareció alejarse de los dictámenes de las agencias internacionales y, por lo tanto, no se diferenció de la política económica de Balaguer, que procuraba mantener la estabilidad macroeconómica por encima de todo. Durante su primera, gestión en el Gobierno (1996-2000), el PLD no logró mejorar significativamente las condiciones de vida de la mayoría de la población,y en su segunda gestión (2004-2008) tampoco lo logró.
En contraposición con las expectativas de la población, los dirigentes que reemplazaron a los caudillos tradicionales (Balaguer, Bosch y Peña Gómez) no han logrado superar la cultura política autoritaria. Hipólito Mejía Domínguez mostró no estar a la altura necesaria para superar el autoritarismo y promover una cultura política de la participación. Su gestión al frente del ejecutivo llevó el país a la bancarrota y al desprestigio internacional.
4.2 La Iglesia Católica y la cultura política.
La Iglesia Católica ha jugado un papel estelar en el desarrollo de la cultura política nacional. La Iglesia tiene profundas raíces en la vida nacional, pero sus estructuras contemporáneas tienen una vida relativamente reciente. Durante el siglo XIX y antes de la dictadura de Trujillo, la Iglesia era más bien una voz moral que una institución sólida. Cuando Trujillo tomó el poder en 1930 procuró controlarla, pero el líder de la Iglesia Católica dominicana, monseñor Rafael Castellano, no confiaba en Trujillo y quería que la Iglesia tuviera su independencia con relación al Estado. Sin embargo, monseñor Castellano murió de un paro cardiaco en 1934 y fue reemplazado por monseñor Ricardo Pittini, un cura italiano a quien se le otorga el crédito de haber desarrollado la iglesia moderna dominicana. Pittini subordinó a la Iglesia a los deseos políticos del dictador y, a cambio, éste construyó iglesias y, en gran medida,
financió muchas de las actividades de la institución. La Iglesia estableció una alianza política con el dictador y se propuso promover una doctrina de obediencia al Estado; la Iglesia presentaba a Trujillo como un enviado de Dios que quería el bienestar de los dominicanos. No fue hasta casi el final de la dictadura cuando la alianza de la Iglesia con Trujillo entró en una grave crisis que ayudó, en parte, a la caída de la dictadura que ya se encontraba debilitada. Durante los años de Balaguer en el poder y los gobiernos del PRD, al igual que en la actualidad, la Iglesia ha mantenido buenas relaciones con el Estado. Aunque bajo diferentes circunstancias políticas, Balaguer continuó la política de Trujillo de ayudar a la Iglesia a cambio de su apoyo al Gobierno. En los últimos 25 años, la Iglesia ha jugado un papel muy dinámico mediando conflictos sociales entre empresarios y trabajadores, entre el Gobierno y los nuevos movimientos sociales, o entre el Gobierno y los partidos políticos de la oposición, etc.
5. Consolidación democrática en República Dominicana.
Se argumenta que en la llamada "tercera transición" -la de la consolidación democrática- se afianza en el país un tipo característico de presidencialismo pluralista en el que el trueque y la cooperación interpartidista han sido elementos clave en la construcción de mayorías y la gobernabilidad democrática. Estas experiencias de negociación, cooperación y arreglos consensuales muestran un tipo de presidencialismo en el que no hay perdedores absolutos y una dinámica del sistema de partidos en progresiva evolución del tripartidismo al "bipartidismo satelital" (Espinal, 2010). Dada la ausencia de competencia programática, de la capacidad de atracción de los pequeños partidos que gravitan alrededor de los dos mayoritarios -Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Partido Revolucionario Dominicano (PRD)-, dependerá que la balanza se incline de un lado u otro, determinando la alternancia o continuidad en el poder de los protagonistas. Esto ha generado un patrón de cooperación donde priman la propia supervivencia y el acceso a la "tarta" del Estado.
Además de los determinantes institucionales y partidistas, los autores han destacado la importancia de la disponibilidad de las élites políticas y parlamentarias al compromiso; su capacidad consociacional como pieza clave en la construcción de los apoyos legislativos a la agenda del Presidente (Alcántara, Ramos y del Campo, 1999).
En República Dominicana, la capacidad negociadora de la élite ha sido identificada como elemento clave en la construcción de mayorías y la gobernabilidad democrática, capaces de sortear las temibles parálisis en situaciones de gobierno dividido y presidentes minoritarios. Y todo ello a pesar de variables partidistas consideradas determinantes necesarios y suficientes (partidos indisciplinados, no programáticos y de tamaño similar). Sin embargo, han sido elementos exógenos -crisis financieras y económicas- los responsables de la inestabilidad política en el país (Marsteintredet, 2008:153).
Dos son los mecanismos de cooperación que caracterizan hoy este tipo de presidencialismo: 1) el patronazgo en la gestión gubernamental, y 2) las alianzas electorales y el transfuguismo.
Con respecto al primero, el sistema de doble vuelta impuesto tras la crisis poselectoral de 1994 ha convertido a los pequeños partidos aliados en piezas clave para alcanzar el 50+1 requerido en la elección presidencial, gracias a su apoyo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha alcanzado el Ejecutivo en las últimas contiendas. A cambio, estos pequeños partidos reciben su cuota de poder en las instituciones del Estado en las que ubicar a su parentela.
Las alianzas legislativas han sido otro de los mecanismos de cooperación por excelencia. Esta negociación, a falta de referentes programáticos que sirvan de base a la implementación de políticas públicas consensuadas, se ha centrado en concertar el acceso a los puestos clave en la dirección de la Cámara Baja (principalmente su Presidencia) y cargos relevantes, como la Liga Municipal o el Tribunal de Cuentas (Marstreintredet, 2008). Las situaciones de gobierno dividido y presidentes minoritarios han sido una constante en la vida política de la República Dominicana y el "entendimiento" incluso entre viejos enemigos como el PRD y el PRSC, no ha dificultado los trabajos en la Cámara.
Este intercambio, lejos de representar una amenaza a la estabilidad del sistema, ha sido central en el equilibrio de fuerzas entre el Ejecutivo/Legislativo y entre gobierno/oposición.
CONCLUSIONES.
Luego de realizada esta investigación y de revisar la bibliografía consultada la historia del Estado Dominicano se puede resumir de la siguiente manera:
En sus inicios no había una organización del Estado clara, sino liderazgos locales. (Luperon, Lilís, Pedro Santana, Buenaventura Báez)
El Estado pre moderno inició con la invasión norteamericana de 1916.
El Estado “moderno” inició con Rafael Leonidas Trujillo Molina en el 1930, que creo una buena parte de las instituciones nacionales que aún perduran.
En el 1er, gobierno del PRD (1963), Juan Bosch intentó reformar de manera radical el Estado Dominicano con la implementación de leyes progresistas.
Luego de Trujillo, Balaguer en su periodo de 12 años continúa una especie de “neotrujillato” en el cual el Estado como tal pasó a formar parte de un botín del gobierno de turno, aunque se construyó una buena parte de la estructura física de la nación.
En el 2do. gobierno del PRD (1978-1982), el de Don Antonio Guzmán se volvió a la democracia plena y el Estado vivió una etapa de consolidación limitada de sus instituciones.
En el 3er. gobierno del PRD (1982-1986), el de Salvador Jorge Blanco, hubo un estancamiento en el proceso evolutivo del desarrollo del Estado y se continuaron depredando las arcas del Estado.
En la segunda etapa, de los 10 años de Balaguer (1986-1996), el Estado continuó siendo depredado por los partidos políticos, aunque hubo un cierto respeto por las libertades públicas.
En el 1er. gobierno del PLD (1996-2000) de Leonel Fernández, el Estado tuvo avances modestos, sobre todo, en el sistema de justicia y en la reorganización de las instituciones públicas.
Durante el 4to.. gobierno del PRD (2000-2004), de Hipólito Mejía, hubo un estancamiento en el desarrollo del Estado, con retrocesos importantes, sobre todo en el área económica.
Durante el periodo actual del PLD (2004-actual), combinados los gobiernos de Leonel Fernández Reyna y de Danilo Medina Sánchez, el Estado Dominicano ha alcanzado ciertos avances en algunas áreas, entre las que se pueden citar: Justicia, educación, economía y reorganización de las instituciones estatales, aunque en la persecución de la corrupción ha habido un franco retroceso y aún se conservan actuaciones propias de etapas pasadas de la vida republicana (Trujillo y Balaguer).
COMENTARIO.
La evolución del Estado Dominicano desde su génesis hasta su forma actual ha sido un camino tortuoso en el que han habido, avances, tropiezos, e incluso retrocesos, pasos que han sido necesarios, ya que el mismo es un ente vivo compuesto por seres humanos e instituciones.
Este es un proceso de aprendizaje continuo en el cual las experiencias vividas nos hacen tratar de perfeccionar hacia el modelo de Estado en el cual se logre el fin último del mismo, “el Bien Común”.
Todos los dominicanos, ahora más que nunca, debemos de luchar por conservar los avances logrados hasta ahora y continuar los esfuerzos para que la República Dominicana se convierta en un Estado realmente moderno en el cual se respeten los individuos que conformamos esta sociedad y se combatan los males que nos acechan.
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